Nos alegramos por casos como el de Izaskun Lesaka, en libertad condicional, y el de Maria Lizarraga, en tercer grado. Pero no tiene sentido que se sigan negando beneficios y progresiones de grado penitenciario por la arbitrariedad de las direcciones de las cárceles, los jueces de vigilancia penitenciaria o la lentitud del gobierno de turno.

Igual que no ayuda la diferente “bara de medir” a la hora de reconocer la categoría de víctima, o al exigir el arrepentimiento del victimario, dependiendo de si se trata de personas y/o agentes de uno u otro lado.

El esfuerzo realizado en los últimos años desde organismos como Sare, Foro Social y otros actores va encaminado a implicar a los diferentes gobiernos y estados para que sigan el camino que la mayoría social de Euskal Herria viene respaldando y construyendo en los últimos años. Evitando que el tema de l@s pres@s, y sus derechos, se convierta en “moneda de cambio” dependiendo del tiempo político y los intereses puntuales de cada partido y/o gobierno en un momento dado.

Para construir una paz y una convivencia dignas y duraderas necesitamos aplicar políticas de justicia transicionales, en las que l@s pres@s sean un agente más en la construcción de un futuro común. Existen ejemplos como Irlanda, Colombia, Sudáfrica…

Para ello es necesario entender, en base al respeto a los Derechos Humanos, que hay que trabajar por una sociedad que haga suyo el lema de: “Todos los derechos para todas las personas”.

Es en este punto donde nos debemos encontrar partidos políticos, agentes sociales y sociedad civil.

Txetxu eta besteak etxera!